EN LA CINTURA DE MÉXICO
Son 260 kilómetros en línea recta, 320 con sus curvas, lo que mide la región geoestratégica más importante de México, el trayecto que puede hacer posible la salida y entrada de mercancías del Océano Pacífico al Atlántico, y de ahí hacia Europa, la costa Este de Estados Unidos y Asia. Es la cintura de México que representa el sueño de mercaderes del pasado y del presente. Es el Istmo de Tehuantepec, una franja del país que abarca 80 municipios de los estados de Oaxaca y Veracruz, con sus ríos, mares y lagunas; sus montañas cubiertas de bosques y exuberantes selvas; y sus once pueblos indígenas con sus territorios, culturas y lenguas ancestrales.
Sobre esta región el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en noviembre del 2018, en su calidad de presidente electo, la construcción de un Corredor Transístmico entre el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y el de Salina Cruz, Oaxaca. La intención presidencial es añeja. Hay quienes ubican la primera pretensión en el siglo XIX, cuando el dictador Antonio López de Santa Anna firmó el Tratado de la Mesilla en 1853, cuyo artículo VIII cedió al gobierno y al ejército estadounidense el control de dicha porción. Años después, en 1859, el entonces presidente Benito Juárez hizo lo mismo con el Tratado McLane-Ocampo, que no se instrumentó gracias a que el Senado estadounidense no lo firmó. Fue Porfirio Díaz quien en 1907 inauguró la línea ferroviaria, y más adelante, en 1946, Miguel Alemán Valdés inició la construcción de la carretera transístmica. Los expresidentes Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo (proyecto Alfa-Omega) y Ernesto Zedillo Ponce de León hicieron sus propios planes, pero no se pusieron en marcha.
En 1996, Ernesto Zedillo elaboró el plan multimodal más completo sobre la región istmeña. Miguel Ángel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, y conocedor de la región desde hace más de 30 años, explica que el expresidente ubicó en su programa los 80 municipios que impactaría y estableció las inversiones puntuales (minas, extracción petrolera, parques eólicos, granjas camaroneras, plantaciones de agroexportación, plantas automotrices y maquiladoras, entre otras), teniendo como ejes centrales el tren bala de carga, la autopista paralela y la modernización total de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.
En 2004, en su calidad de aspirante a la presidencia, López Obrador publicó el libro Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero, que dentro de sus 26 puntos contemplaba el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Y en 2012, en su segunda campaña electoral, dentro de los 100 puntos de su Proyecto de Nación el número 33 era el Programa de Desarrollo Integral del Istmo.
Miguel Ángel García cita casi de memoria la carta que el 12 de julio de 2018, apenas once días después de haber sido electo, López Obrador envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le explica que el Istmo de Tehuantepec será ofrecido a la inversión para proyectos de extracción petrolera, minas, parques eólicos, plantas armadoras, plantas maquiladoras y, como eje, el ya señalado tren bala interoceánico de carga, junto con la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Además, López Obrador declaró el Istmo como zona franca, es decir, con subsidios fiscales y de servicios básicos a los inversionistas.
Son 80, y no 76 como dice el proyecto oficial, los municipios impactados por el megaproyecto del Istmo: 31 en Veracruz y 49 en Oaxaca, dentro de los cuales convergen once pueblos indígenas, ocho de ellos con presencia ancestral y tres que han sido reubicados por distintos gobiernos, pero que se asumen como pueblos istmeños. Los pueblos locales originarios son los nahuas, zoques-popolucas, zoques-chimalapas, mixes, zapotecos, ikoots, chontales y chocholtecos, mientras los reubicados son mixtecos, chinantecos y tsotsiles.
El organismo público descentralizado para el desarrollo del Istmo y la Secretaría de Hacienda anunciaron que se construirán diez parques industriales a lo largo de esa ruta. Y una inversión en 2019 para la primera etapa del Corredor, de 8 mil millones de pesos. El presidente de México aseguró que “no se abrirán convocatorias para ninguna empresa extranjera”, pero esta aseveración se contradice con su Plan Nacional de Desarrollo, que alude claramente a la inversión de otros países.
Oficialmente, el objetivo del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es “impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte”.
El proyecto anuncia la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz “para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos”. También contempla el fortalecimiento de la infraestructura carretera, de caminos rurales y red aeroportuaria, y la construcción de un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos.
Para “atraer inversión privada” a lo largo del recorrido entre ambos océanos, se ratifica oficialmente la creación de zonas libres, “las cuales se dotarán de infraestructura, y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.
Un proyecto de esta naturaleza, indicó el presidente de la República, no podría llevarse a cabo sin el consentimiento de los pueblos indígenas que habitan el Istmo desde siempre, por lo que a través del Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo de 2019 anunció la realización de siete asambleas regionales de consulta a realizarse simultáneamente los días 30 y 31 de marzo, es decir, cuatro días después de publicado el decreto. Como la totalidad de estos ejercicios presidenciales, dichas asambleas de consulta fueron cuestionadas, impugnadas (incluso jurídicamente) y descalificadas por un alto número de comunidades y movimientos indígenas afectados. Aun así, el gobierno federal aseguró que por “unanimidad” hubo una respuesta afirmativa al proyecto de los pueblos binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, nahua y afromexicano.
Derecho de réplica
Para conocer el pensamiento de diversas representaciones indígenas del Istmo sobre las implicaciones del Corredor Interoceánico, un equipo convocado por Desinformémonos realizó un recorrido por las comunidades indígenas de Úrsulo Galván, San Juan Volador, Soteapan y Tatahuicapan, en Veracruz. Y, del lado de Oaxaca, por Álvaro Obregón, San Mateo del Mar, Unión Hidalgo, Benito Juárez (Chimalapa), Santo Domingo Zanatepec, Salinas del Marqués y las cabeceras municipales de Matías Romero, Salina Cruz y Juchitán.
El trabajo inició en Coatzacoalcos, puerto en el que la contaminación llegó con la industria petroquímica que se instaló en 1906 y con auge a partir de 1968. Y donde, desde hace más de 20 años, el crimen organizado se disputa el territorio. Esta ciudad fue escenario —ya con la presencia de miles de elementos de la Guardia Nacional en el Istmo— del ataque armado más violento del actual sexenio, que dejó un saldo de 29 muertos el pasado 27 de agosto en el bar Caballo Blanco, lugar en el que irrumpieron cuatro sujetos armados que encerraron a los clientes en el local mientras le prendían fuego con gasolina.
Este no es un hecho aislado. Justo durante los días de julio y agosto en los que se realizó este reportaje ocurrieron otros cinco ataques similares. La tensión se vivía en cada calle y el equipo de Desinformémonos fue asediado en todo momento por personas no identificadas que siguieron su trayecto.
Aquí, como en el resto del Istmo, el crimen organizado controla caminos, ciudades y poblados. Más de 30 años de industria petroquímica tienen devastado el territorio y contaminados ríos, mares y suelos. Las empresas eólicas llegaron hace 15 años y con ellas, aseguran los pobladores y los estudios medioambientales, se deforestaron cientos de hectáreas de selvas bajas. Se abandonaron milpas, se contaminaron los suelos y mantos freáticos, se fue la fauna y se alteró la flora. Los entrevistados hablan del despojo territorial, la división comunitaria y la irreversible contaminación de aguas, suelos y vientos.
Las mineras canadienses se apostaron hace una década en las zonas sur y sureste del Istmo de Tehuantepec. Más de 70 mil hectáreas están concesionadas en los municipios de Ixtepec, Zanatepec, Tapanatepec y la porción sureste de San Miguel Chimalapa, pero no han podido empezar la explotación de yacimientos de cobre, plata y oro por la resistencia de los pueblos.
Los caminos de acceso a las comunidades cruzan amplias extensiones de ganadería extensiva, cultivos de maíz transgénico y plantaciones agroindustriales como sorgo y palma africana, y troncos secos se mezclan con las filas de mujeres y hombres recibiendo los nuevos y/o reciclados programas de gobierno. La tensión se vive en todos lados. En Soteapan, Veracruz, en una fila de personas que esperan el programa de becas para niños, la gente impide que se le tomen fotografías. “Luego les roban a las personas porque saben que ya llevan su dinero”, afirman.
Comunidades de la sierra sur de Veracruz y de la zona istmeña de Oaxaca organizan sus guardias comunales y con ellas vigilan los accesos a sus pueblos y las brechas aledañas. Mientras, de Coatzacoalcos a Salina Cruz se observa el descomunal despliegue de la Guardia Nacional. Retenes y convoyes por todos lados, trailers repletos de militares y suministros para los nuevos campamentos.
En todo el recorrido los pobladores coinciden con la falta de información sobre el Corredor Interoceánico, sus implicaciones y sus costos. En el primer bloque de este reportaje, ellos y ellas explican los datos extraoficiales que se han acercado, pues reiteran que no es un proyecto nuevo, y construyen opiniones sobre el proyecto transístmico a partir de la realidad de sus pueblos.
La situación actual de las comunidades con respecto a los megaproyectos que ya existen sobre o alrededor de sus territorios es abordada en el segundo capítulo. Los impactos de los parques eólicos, la minería, la industria petroquímica y la agroindustria, entre otros, son narrados aquí desde la cotidianidad de quien los padece.
¿Cómo se vivió el proceso de consulta en las comunidades indígenas? ¿Quiénes fueron invitados y quiénes no? ¿Qué papel jugaron los programas de apoyos del gobierno? ¿Se cumplió el protocolo? ¿Y la mano alzada? En el tercer apartado, entrevistados popolucas, zapotecas, zoques y huaves lamentan el ejercicio de un proceso de consulta al que consideran “amañado”, “ilegítimo” e “ilegal”.
Aunque diezmadas, cientos de comunidades indígenas se aferran a defender sus bienes naturales y sus culturas. Sienten amenazadas lengua, vestimenta, ceremonias y costumbres, la comunalidad, además de mares, ríos, selvas y montañas. Hablan hombres y mujeres que siembran, pescan, danzan y hacen asambleas, con las guardias comunitarias que los cuidan y los Consejos de Ancianos que les dicen que no cedan. Su manera de ver y caminar el mundo en vínculo permanente con la naturaleza, lo que las hace diferentes, es narrada en el cuarto capítulo, seguido del bloque de algunas alternativas de organización, desarrollo y seguridad que proponen desde los pueblos, en especial desde las mujeres.
¿Qué sigue para quienes no están de acuerdo? La resistencia, dicen, es “para seguir siendo lo que somos, porque es la última oportunidad que tenemos”. Se esboza en el sexto apartado de este trabajo, el plan para poner en práctica “todos los medios posibles” para defender el territorio, empezando por la difusión de información de lo que este proyecto implica, seguido de acciones jurídicas y movilización social. Todo un desafío ante una organización que se reconoce menguada y dividida por los proyectos asistenciales de antes y de ahora.
Un compendio de lecturas sugeridas sobre la información ofrecida por el gobierno federal (y otras fuentes) es presentado y comentado por el investigador y ecologista Miguel Ángel García, con el fin de corroborar los datos oficiales para completar la lectura.
Aquí, como se advierte en la introducción general,
hablan los pueblos.