EL INICIO, ASÍ FUE COMO NOS DIMOS CUENTA
La resistencia de los pueblos al PIM inició en 2012. Primero, con la búsqueda de información a partir del movimiento que los pobladores empezaron a ver en sus comunidades. “La gente empezó a sospechar que algo estaba pasando en las tierras, pues llegaban personas a hablar con los ejidatarios para rentar los terrenos. En Huexca, por ejemplo, un día empezaron a limpiar un terreno muy grande, la gente se preguntó para qué y empezó a investigar. Nos enteramos de que mucha gente empezó a rentar sus tierras, que el terreno en Huexca ya estaba vendido y que el agua ya estaba dada, y de esto se les informó a los pueblos en las asambleas, pues oficialmente no hubo ni siquiera la intención de generar la información necesaria para saber si queríamos o no el proyecto, y por supuesto no hubo consulta”, afirma Samantha César, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Poco a poco la gente se empezó a juntar y se dio cuenta de que en los pueblos vecinos también estaban llegando personas de afuera a comprar o rentar tierras. Con la información que pudieron reunir convocaron asambleas comunitarias y empezó la organización con la difusión del proyecto, preguntándose qué era, qué implicaba para sus comunidades y si lo querían o no. En ese proceso, relata la defensora nahua, descubrieron que algunas autoridades civiles y ejidales habían otorgado permisos sin consultar a los pueblos, y les reclamaron. Entre más información obtenían, más iba creciendo el enojo, por lo que empezaron a organizarse en comités de resistencia dentro de las comunidades afectadas de los tres estados.
Un día don Lupe, vecino de Amilcingo, vio a unos señores excavando cerca de su terreno. Les preguntó qué iban a hacer “y respondieron que iban a pasar el gasoducto y que andaban haciendo pruebas para meter la máquina”. Esther, en Huexca, vio cómo aplanaban un terreno muy grande en la entrada al pueblo, que luego supo que sería para instalar una termoeléctrica; y en Ayala los ejidatarios se sorprendieron con la entrada de una tubería de 50 centímetros de diámetro destinada a la introducción de un acueducto. Así fue como los pueblos se fueron dando cuenta de lo que se tramaba en sus territorios.
Exigieron información a la CFE y al gobierno federal, pero se toparon con el silencio. En Huexca les ofrecieron seis carpetas y sólo media hora para revisarlas, pero casualmente la luz “se fue” mientras las estaban leyendo. Cuando regresó ya no estaban ni los enviados de la CFE ni las carpetas.
Queremos seguir siendo lo que somos
Después se dieron cuenta de que el Proyecto Integral Morelos “simplemente nos desaparece como pueblos para dejarle el paso a las industrias”, como afirma Teresa Castellanos, vocera del Comité de Resistencia de Huexca. “Nosotros”, dice, “queremos seguir siendo lo que somos, gente del campo y de la tierra, de comunidades en las que todos se conocen, donde sabemos quién es cada uno, qué padre lo hizo y qué madre lo parió” y, aunque este proyecto divide a los pueblos, “esperamos que con el paso de los años se vuelvan a unir, ya sin esa termoeléctrica que tanto daño nos ha hecho”.
La defensora Samantha César advierte que con el paso del tiempo estudiaron que lo que plantea el proyecto es un desarrollo que despoja a los pueblos de su tierra y del agua, que contamina y que prácticamente desaparece la vida campesina. “A nosotros”, dice, “nadie nos preguntó si queríamos cambiar nuestra forma de vida campesina por una industrial, si queríamos dejar el campo para trabajar en una fábrica. Esas son las preguntas que debieron hacerse”.
De acuerdo al FPDTA, más de 90 por ciento de los 80 pueblos de los tres estados que serán afectados por el PIM es de origen nahua, por lo que, insiste Samantha, no sólo se afecta la vida campesina, sino también la cultura indígena, la vida por usos y costumbres. El proyecto, agrega, “también tiene un riesgo social y cultural”, pues no respeta los espacios de decisión, como las asambleas comunitarias y ejidales, sino que impulsa una serie de apoyos a cambio de su aceptación con los que divide a las comunidades y genera grupos de choque que enfrentan a las asambleas que no lo aceptan.
Los pueblos indígenas quieren seguir existiendo con sus asambleas como espacios máximos de toma de decisiones, en las que participan mujeres, hombres y jóvenes que discuten temas que los afectan, tales como el agua, las fiestas, los comités de padres de familia y los proyectos comunitarios. En algunas comunidades se mantienen los rituales, principalmente entre las más cercanas al volcán, junto al sentido religioso de las fiestas patronales o del día de muertos, que es una de las fiestas más importantes de todos los pueblos. En la zona del volcán Popocatépetl se conservan la medicina tradicional y los rituales de los tiemperos o graniceros, y en muchas comunidades se preserva el uso de la lengua náhuatl. “Todo esto es lo que el PIM pone en riesgo”, sintetiza Samantha.
“El PIM sólo es la punta del iceberg”, explica, “pues lo importante no es la generación de energía para los pueblos de Morelos o para el estado, sino impulsar toda una zona de industrialización en el oriente de la entidad y en todo el trazo del gasoducto, de tal manera que la preocupación no es sólo por el agua que se usará para enfriar las turbinas de la termoeléctrica, sino también por la que usarán todas las industrias. Se trata de generar un gran parque industrial que partirá de Huexca hacia Cuautla, Ayala y Yecapixtla”, y eso es lo que “desaparecerá formas de vida y cultura”, además de las afectaciones ambientales y el despojo territorial.
Otro problema que traerá la industrialización y el crecimiento poblacional, explica Juan Carlos Flores, abogado del FPDTA, es el bloqueo de las salidas de evacuación de las comunidades cercanas al volcán, pues el PIM viola el programa de ordenamiento territorial de la zona de influencia volcánica que indica que debe preservarse su carácter agrícola para que no haya un mayor crecimiento demográfico, pues “no es lo mismo desalojar a 30 mil personas que a tres millones”.