En las orillas del río Cuautla, en el municipio de Ayala, 100 metros de tubos de concreto permanecen recostados como mudos testigos de la resistencia de los pueblos nahuas al Proyecto Integral Morelos (PIM). El proyecto energético está prácticamente listo, pero estos 100 metros del acueducto que trasladará el agua de aquí a la termoeléctrica de Huexca no han podido ser colocados por el empecinamiento de los ejidatarios que se niegan a dejar de sembrar la tierra.
La lucha de los pueblos nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra la construcción de una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto inició en el año 2012, cuando comunidades enteras se organizaron contra la imposición de los gobiernos federales emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes optaron por la represión y el encarcelamiento para levantar estas obras incluidas en el PIM. Los pueblos afectados no se dieron por vencidos y continuaron la lucha jurídica y la movilización social, logrando parar, hasta la fecha, el inicio de las operaciones.
En los tres estados afectados por el PIM, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales del 2018 de manera contundente. Incluso Morelos y Tlaxcala están entre las diez entidades en las que obtuvo mayor votación. Entre los pueblos nahuas afectados hay quienes confirman que confiaron en él, pues en mayo del 2014 el entonces presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) realizó un recorrido por Morelos y en un mitin en Yecapixtla aludió al proyecto que en ese momento estaba en etapa de construcción: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo. ¿Qué les pasa a éstos? Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear”, dijo en un encendido discurso en medio de aplausos.
Ya como presidente de México, cuando las comunidades le pidieron que cancelara el proyecto y que recordara su promesa, respondió que les llevaría una propuesta, pero aún no sabían “lo que se traían entre manos”, señala Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El 8 de febrero de este año, en su conferencia de prensa matutina, el presidente anunció la realización de una consulta pública para poner en operación la termoeléctrica de Huexca, la cual se llevaría a cabo los días 23 y 24 de febrero. Dos días después, asistió al balneario El Almeal, en Cuautla, para explicar el proyecto y la consulta.
López Obrador dijo que si la planta no opera, se perderán en un año cerca de 4 mil millones de pesos de dinero del pueblo. “Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”, espetó a la misma gente con la que se comprometió en 2014, “si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa de la nación, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen en eso”, dijo. Ahí, entre la gente aglomerada atrás, con una manta en la mano, el defensor nahua Samir Flores Soberanes no paraba de gritar.
En el patio de su casa, en el centro de Amilcingo, Morelos, la tarde del 20 febrero Ofelia se limpia las lágrimas mientras se prepara para ir al velorio de Samir Flores Soberanes. “Nos dejó dicho que cuando no estuviera le subiéramos más, que no nos espantáramos, que no nos dejáramos humillar. A nosotros como pueblo nos dieron donde más nos duele, mataron al hombre más bueno, a un gran luchador que miraba por todos”, dice, sin dejar de frotarse las manos agrietadas de una mujer del campo.
A las 5:50 de la mañana de ese 20 de febrero, tres días antes de la anunciada consulta presidencial, Samir Flores, defensor del territorio nahua y comunicador comunitario, fue asesinado en el patio de su casa.
Su sepelio fue una multitudinaria marcha de protesta exigiendo justicia y suspensión definitiva del proyecto. Que no se realizara la consulta programada fue la exigencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, pero no fue escuchada y el ejercicio se realizó en medio de protestas, quema de boletas y helicópteros de la policía sobrevolando.
En las comunidades directamente afectadas por el proyecto ganó el rechazo y perdió el gobierno (que se declaró abiertamente a favor del inicio de las operaciones), aunque las cifras oficiales avalaron la puesta en marcha de la termoeléctrica. Y aquí se juntaron las dos indignaciones: el asesinato de Samir Flores y un proceso de consulta impugnado, que dan pie a la actual etapa de la lucha y de organización comunitaria, un proceso que, afirma Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de La Jornada, “tiene un punto climático el 10 de abril, cuando el presidente López Obrador no puede ir a Chinameca a realizar el acto oficial justo en el año que ha declarado este gobierno como el año de Emiliano Zapata”, en ocasión del centenario de su muerte.
Esta es la historia que se narra en nueve apartados en este trabajo: Samir Flores, una vida en la lucha; La traición y la consulta; El inicio, así fue como nos dimos cuenta; La termoeléctrica de la discordia; Un gasoducto en las faldas del volcán; Mujeres, el movimiento que las sacó de sus casas; y La lucha jurídica.
En el proceso legal, que en todo momento ha sido acompañado por la movilización social, los pueblos opositores obtuvieron este 2019 dos resolutivos a su favor. Uno contra el desechamiento de los amparos que promovieron el 18 de febrero de 2019 (dos días antes del asesinato de Samir) reclamando que la consulta presidencial del 23 y 24 de febrero sobre el funcionamiento del PIM violó su derecho a la consulta indígena y libre determinación. El otro, de finales de junio, representa el triunfo jurídico más importante en siete años de lucha, pues un juez otorgó la suspensión de plano al ejido de Amilcingo sobre la operación del Gasoducto Morelos, con lo cual se protege a las 60 comunidades afectadas.
Los testimonios de indígenas y organizaciones de pueblos afectados son la base de estos capítulos. Se caminaron las comunidades de Huexca, Amilcingo, Jantetelco y Apatlaco, en Morelos; y Zacatepec, San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala y San Andrés Calpan, en Puebla. Y asistimos a una ceremonia sagrada en el ombligo del volcán Popocatépetl, donde los pueblos nahuas le llevaron una ofrenda y le solicitaron agua para la milpa. Le pidieron también que los cuidara en la lucha contra el proyecto y honraron a Samir Flores y a Don Goyo con una ofrenda de mole, frutas, tortillas, pan y listones multicolores.
En el último capítulo se presentan las palabras y acciones del gobierno federal y las empresas involucradas, así como documentación de los proyectos industriales y mineros en la región, las cifras del presupuesto ejercido, y un recorrido por el discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre este proyecto, antes y después de que asumiera la presidencia de la República.
Este reportaje tiene como eje central la postura de los nahuas que rechazan una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto sobre sus tierras, pues afirman que atentan contra su territorio, cultura, lengua y organización ancestral, es decir, contra lo que son y quieren seguir siendo. Por eso, en este trabajo,
hablan los pueblos.