UN GASODUCTO EN LAS FALDAS DEL VOLCÁN

Francisco Morales, piel curtida por el sol y por los años, camina con su bastón sobre las tierras de San Lucas Atzala, Puebla. A sus espaldas, el volcán Popocatépetl, conocido por los pobladores como Don Goyo, exhala vapor. En el camino se observan los señalamientos con tubos amarillos que advierten del paso de un gasoducto como si gritaran “¡peligro, aquí hay una bomba de tiempo!”, dice Francisco.

“Nosotros”, demanda, "lo que queremos es que cancelen este tubo de muerte. Ya nos platican los vulcanólogos que no saben para cuándo ni a qué horas va a hacer erupción el volcán, como cuando hizo y sacó lava y piedra. Así lo puede hacer otra vez y es por eso que no estamos de acuerdo en que trabaje ese gasoducto”, reitera Francisco en español y en náhuatl, su lengua materna.

Es abril, tiempo de secas en estos campos de maíz y frijol. En espera de las primeras lluvias, el campesino que se cruza en el pecho collares de maíz simulando cartucheras asegura que “Don Goyo está enojado y se está manifestando porque ya le pusieron el tubo ese, pero el gobierno no lo toma en cuenta y se puede enojar más”. El 18 de marzo hizo erupción y de su cráter salió material incandescente. “Rugió”, como dicen los pobladores. El Popo es uno de los diez volcanes activos de América, “despertó” hace 25 años, el 21 de diciembre de 1994, luego de permanecer inactivo por 67 años.

La preocupación de los pobladores conocidos como los “hijos del volcán” es que “ahora Don Goyo se despierte de noche y su calor llegue al tubo del gasoducto, y entonces sí, por dónde nos vamos a ir”. Por eso, insiste Francisco, “ni la gente de Calpan ni los de San Lucas Atzala, ni los pueblos de Santiago Xalitzintla, San Pedro Yancuitlalpan, San Nicolás de los Ranchos y San Mateo Ozolco quieren ese proyecto”. Lo que queremos, reitera el nahua, es “seguir sembrando maíz, frijol y árboles frutales de manzana, durazno, capulín, nuez, tejocote y ciruela”.

“Don Goyo está enojado”, repiten en los pueblos vecinos. Unos dicen que por el gasoducto y otros que porque en su fiesta del 17 de marzo “no todos le llevaron su ofrenda”. En San Mateo Ozolco, la niña Itzel Jiménez, de nueve años, habla del volcán como si de un hombre se tratara. Un día antes de la celebración de su fiesta, ella y su mamá lavaron la ropa que le llevarían “porque a él le gusta estar muy arregladito”. Prepararon su sombrero y sus zapatos hechos de naranja, frutos y pan, y cocinaron mole y arroz para él.

El gasoducto mide 160 kilómetros y pasa por diversos municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Está diseñado para transportar gas natural y fue concesionado a las empresas Elecnor y a la italiana Bonatti.

El riesgo en comunidades como Amilcingo es que el gasoducto tapa el trazo de las vías de evacuación que tienen los pueblos para contingencias sísmicas y volcánicas. Samantha, originaria de esta comunidad, advierte que “a pesar de que Geofísica de la UNAM y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla alertaron sobre el riesgo que implicaría la construcción de este tipo de infraestructura en una zona volcánica, ni el gobierno ni las empresas lo contemplaron”.

No sólo una posible erupción pone en peligro a la población, pues el tubo pasa a sólo 20 kilómetros del cráter del volcán, sino también puede haber afectación por los lahares, que son una combinación de lodos y gases con un impacto tan fuerte que pueden romper este tipo de infraestructuras. “Bastaría con una lluvia fuerte o con un sismo para que estos lahares se desprendan y puedan impactarse en el tubo”, explica Samantha.

En Amilcingo el gasoducto está a unos 800 metros de la comunidad. Cuando se construyó no habían sucedido los sismos del 2017, que aumentaron el riesgo, al que se suma también el peligro de contaminación, pues, explican los integrantes del Frente de Pueblos, el gasoducto no sólo alimentará a la termoeléctrica, sino que también se contempla un tramo lleno de ramales que alimente a diferentes industrias a lo largo de su trazo, lo que aumentará la población y el riesgo.

Por todas estas amenazas en ésta y otras comunidades las asambleas rechazaron en 2012 el proyecto, aunque de cualquier forma llegó la maquinaria e iniciaron la construcción. Las comunidades de Amilcingo y Jantetelco, entre otras, corrían a los trabajadores por no tener el aval de la comunidad, “pero ellos alegaban que sí tenían el de la gente de cada terreno, y era cierto, pues hubo personas a las que les dieron dinero para su aceptación, aunque ni siquiera se les terminó de pagar, e incluso algunos en Amilcingo ya murieron sin haber obtenido el pago prometido completo”, explica Samantha César.

La división aumentó con la represión, dice don Lupe

Donato Guadalupe Castillo Dorantes nació en Amilcingo, municipio de Temoac, hace 62 años. Siembra maíz, cacahuate, amaranto, frijol y sorgo, vive en el centro del pueblo y todos los días se traslada en su vieja camioneta a las tierras que en esta época del año se preparan para la siembra en espera de las primeras lluvias. Los campos lucen secos, de pie no hay nada todavía, “pronto meteremos la semilla y ya luego, como por julio, empieza la cosecha”.

El gasoducto, lamenta don Lupe, “es una bomba de tiempo, un peligro porque el volcán está activo y nosotros estamos expuestos al riesgo”. Lo que más lamenta es que, además del peligro, “el tubo ha fomentado la división”. Cuenta que al comisariado Rufino Aragón Pérez “le dieron un dinero y entonces juntó a los ejidatarios en su casa y conjuntamente con el gobierno les avisaron que iba a pasar el gasoducto por su terreno y les ofrecieron que lo vendieran o que les fuera expropiado”. Y luego llegaron los apoyos del gobierno, “que si un invernadero y otras cosas para quienes aceptaran”, lo que rompió el tejido comunitario.

Y, por supuesto, añade el campesino, la división aumentó con la represión que llegó cuando se dieron cuenta de que por la resistencia del pueblo no podían avanzar con la introducción del gasoducto. “Mandaron a la policía estatal y federal a golpearnos y encarcelarnos cuando fuimos a detener el avance de la obra, incluso hubo una persona herida de bala. Pero el pueblo, aun con los golpes, continuó rechazando el proyecto. Lograron enterrar el tubo, pero no la resistencia”.

Secuela de la violencia y de la división en Amilcingo es la creación de un grupo de choque al interior de la comunidad, el cual, acusa don Lupe, violenta desde hace seis años la organización, ya sea atacando las asambleas o agrediendo físicamente a quienes se oponen al proyecto.

Riesgo volcánico y sísmico en Jantetelco

Un camino lleno de ahuehuete llorón, copales, garambuyo, pitaya, cazahuate, mezquites, guamúchil, aceitunillo y huizache conduce a la barranca de Amatzinac, en Jantetelco, comunidad nahua vecina de Amilcingo. La barranca nace en las faldas del volcán Popocatépetl, atraviesa parte del Estado de México y llega a Morelos, cambiando de nombre unos kilómetros más adelante para convertirse en Barranca Nejapa. El paisaje se ha transformado en los últimos 40 años y ya no están, por ejemplo, las huertas frutales de las que comían los pueblos.

Desde aquí se aprecian los socavones, utilizados con una técnica ancestral para subir el agua del río. Se observa también su resquebrajamiento por el paso del tubo del gasoducto. Al romper los socavones no se permite que el agua suba naturalmente, y esto “no vino solito”, explica Irma Sánchez Olivo, originaria de Jantetelco e integrante del Grupo de los 46. Años antes, relata, entubaron el agua, pero no habían roto los socavones. Al quitar el cauce natural del agua y entubarla dejaron de existir ciertas especies de plantas y frutas. Se secaron el mamey, el chicomamey, el chicozapote, el zapote negro, la naranja, lima, mandarina, café, plátanos y cuajinicuil, entre otros frutos. La zona de huertas se acabó.

Al paso de la barranca aparecen los señalamientos amarillos que indican el trazo del gasoducto, en este poblado con sólo 500 metros de tubo. Los “beneficiados”, dice Irma, fueron siete propietarios a los que les compraron tierra, pero el gasoducto no conoce fronteras. A unos pasos están Amilcingo y Amayuca, donde la extensión de tubo es más grande.

El colectivo de mujeres de Jantetelco guía a pie la ruta del gasoducto. Muestran que no cumple con el MIA que indica que la tubería debe tener una distancia mínima de un kilómetro de la primera casa de una comunidad. Con una cinta métrica cuentan 100 metros.

El río Amatzinac aún conserva agua limpia de los veneros del volcán, pero ya es muy baja la caída. Hace unos años comenzaron a establecerse los manguereros, como se autodenomina el grupo que coloca sus mangueras en los afluentes para encauzar el agua a las huertas o viveros privados de Tlacotepec, Hueyapan y Tetela del Volcán. A pesar de eso, aún se observan peces y atolocates que se convierten en ranas e infinidad de aves, como el quebrantahuesos que sobrevuela la entrevista. Al paso se ven conejos, liebres, iguanas y quijis.

El Grupo de los 46 al que pertenece Irma se creó para rescatar la memoria histórica de esta comunidad de la que en 1812, durante la guerra de Independencia, salieron 46 pobladores a participar en la ruptura del sitio de Cuautla. Cien años después, en 2012, el pueblo se integró a la lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Cuando iniciaron el trabajo de información sobre el gasoducto las asambleas eran hasta de 700 personas que rechazaban el proyecto. Dentro de sus acciones tomaron la presidencia municipal, luego llegó la represión y con ella la división del pueblo. Vinieron detenciones arbitrarias y poco a poco se fue rompiendo el tejido comunitario. La gente empezó a tener miedo. “No era que aceptaran el gasoducto, pero había temor”, dice Irma.

Han pasado 18 meses desde los sismos de septiembre de 2017 y Jantetelco aún no se recupera. Su iglesia y decenas de casas quedaron severamente dañadas. El epicentro fue a escasos 15 kilómetros de la cabecera municipal y fue oficialmente el segundo municipio más dañado. Angélica Pacheco, también del Grupo de los 46, refiere que preguntaron a las autoridades si harían un peritaje del gasoducto, pero no obtuvieron respuesta. Nada se movió y aún desconocen las condiciones de la obra después del sismo.

Pueblo de combatientes

El movimiento en Jantetelco tuvo un serio revés en 2013, cuando ocurrieron las detenciones y torturas. Hoy el Grupo de los 46 enfoca su trabajo en la reconstitución del tejido social a partir de lo cultural, principalmente con obras de teatro campesino impulsado aquí desde el juarismo. Se organizan también calendarios, exposiciones sobre la historia de Jantetelco y sus sitios arqueológicos olmecas y mexicas, y representaciones sobre la época de la Reforma y la leyenda de los Plateados de Tierra Caliente, cuatreros que robaban a los ricos para darles a los pobres.

“Para nosotras todo este trabajo forma parte de la resistencia al PIM, pues se trata de recuperar a las personas del pueblo que en algún momento se alejaron de nosotros y decirles que seguimos trabajando. Aquí ya se construyó el gasoducto, pero queremos generar un proceso de autonomía para que la gente sepa que se pueden hacer cosas en colectivo y que podemos impedir que opere”, afirma Angélica.

¿Y para dónde salimos?

En el municipio de Calpan, Puebla, las comunidades conservan sus tradiciones y su lengua. Su cercanía al volcán Popocatépetl los determina, al igual que los productos que cosechan. En Ozolco celebran la feria del pulque; la del mole se organiza en julio en San Lucas Atzala; y en San Andrés Calpan, la cuna de la nuez de Castilla, cada año se realiza la feria del chile en nogada, uno de los platillos más aclamados de la cocina mexicana. Las fiestas patronales y las mayordomías de todos los santos tienen un lugar especial, al igual que el 17 de marzo, día del volcán conocido aquí como Don Goyo.

El gasoducto, dice Claudio Lorenzo Ramos, de San Lucas Atzala, pone en peligro todas estas tradiciones, “pues si no hay pueblo, no hay cultura, y si explota el gasoducto nos acabamos todos”. Hace años, recuerda, “nos quisieron comprar nuestras tierras. Llegaron los coyotes diciendo que si no las vendíamos iba a venir otro y nos la iba a comprar por menos. Así fue como se hicieron de las tierras y empezaron a meter el tubo”.

Atzala quedó atrapada entre el Popocatépetl y el gasoducto. “Si hay una erupción que alcance al tubo no tenemos salidas. A nosotros no nos beneficia en nada, a nuestros campos se les está convirtiendo en un lugar que ya no nos va a mantener, ¿y cómo vamos a vivir?”, se pregunta Claudio, mientras Lorena Hernández, también de San Lucas, recuerda la erupción del pasado 18 de marzo, “cuando de repente tronó el volcán, vibró la tierra y los vidrios se quebraron, parecido a un sismo. Todos salimos a la calle para ver el volcán que estaba sacando lo que me imagino es lava y se estaban quemando las faldas, los árboles, los pastizales. Esa es la preocupación. Se oyó como si fuera una bomba, un zumbido fuerte que hizo vibrar el piso”.

La entrevista se realiza frente al Popocatépetl que exhala vapor, no el fuego de hace tres semanas. Lorena dice: “hoy está tranquilo, mírelo usted, pero en cualquier momento se alborota. Imagínese si llega a hacer erupción y alcanza al ducto del gas o que con la vibración se muevan los tubos y se salga el gas, ¿para dónde salimos nosotros?, si por ahí mismo están las rutas de evacuación”. Aquí, dice, “no nos dan información y yo tengo tres niños, uno de 15, otro de 13 y el chico de 11 años. Mi esposo y yo nos dedicamos al campo, sembramos frijol, maíz, árboles de tejocote, ciruela, durazno, membrillo, chabacano, manzana. Todo eso da el campo”.

El miedo, asegura por su parte Araceli Guerrero, “es de perderlo todo, la vida, la casa, nuestras raíces”. Lamenta que “el tubo nos haya dividido como pueblo” y que no haya más información sobre los peligros. “Protección Civil no ha tenido la molestia de decirnos por dónde evacuar, no han habido simulacros por si pasa algo más fuerte con el volcán. Esta comunidad no está tomada en cuenta para nada. Hubo algo de unas votaciones para ver quién sí y quién no estaba de acuerdo, pero la gente no acudió porque no nos informan”.

Francisco Morales, don Pancho, como lo conocen todos, habla de su ser indígena. “Hasta eso nos quieren quitar”, dice, pues “no nos reconocen como pueblos originarios, pero lo somos”. Por eso, reitera, “aquí seguiremos en resistencia, que se sepa que no vamos a dejarnos y que queremos que el presidente cumpla su palabra”.

Don Pancho es de hablar pausado y claro. En español y náhuatl expresa lo mismo: “Estos gobiernos son tragasantos y cagadiablos porque prometen y no cumplen, y nosotros no estamos de acuerdo con que nos sigan pisando, que nos sigan hablando bonito y al final que hagan ellos lo que quieran. Aquí manda el pueblo, no mandan ellos”. Él, con sus más de 70 años a cuestas, fue uno de los que en 2014 acudió en apoyo del pueblo de Zacatepec a detener las máquinas y a tirar los tubos. Y hoy, ya con un nuevo gobierno federal, “no nos vamos a dejar”, reitera.

Zacatepec, donde la iglesia hizo el trabajo sucio

De la iglesia de Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla, Puebla, salieron las palabras del sacerdote conminando a la gente para que aprobara el paso del gasoducto por sus tierras. Cuenta Alejandro Torres Chocolatl que en la misa de los domingos el cura decía que había llegado el desarrollo a la comunidad, “que estábamos bendecidos porque íbamos a tener un apoyo económico, desarrollo para el pueblo, que agarráramos lo que nos ofrecieran”.

Aquí, relata Alejandro, “hicieron de todo para salirse con la suya”. Al pueblo de Zacatepec, conocido por su organización y unidad, “le hicieron un trabajo minucioso. Llegaron primero con las autoridades municipales, que siempre nos negaron que había algún proyecto para esta zona, cuando ya estaban los topógrafos haciendo mediciones”. Luego, como en otras comunidades, llegaron los compradores de tierra (coyotes) tocando de puerta en puerta, pues las autoridades ejidales les otorgaron la información para ubicar a los afectados. “Nos ofrecieron una universidad, la ampliación de la presidencia, apoyo para la iglesia, para las escuelas, canchas deportivas y todas las maravillas del mundo”. Y de paso “compraron a las autoridades ejidales, lo que fue el primer golpe que nos asestaron”. Ahí, dice, empezó la división, pues “unos decían que sí aceptáramos el dinero, otros que no lo queríamos. El sacerdote dijo que lo que quisiera el pueblo, pero que él estaba de acuerdo en que se agarrara el dinero. Nosotros le exigimos que se comprometiera a que en el momento de aceptarlo ellos asegurarían la vida de toda la gente afectada en ese trazo”.

La primera parte de la entrevista se realiza entre los cien metros que separan una edificación de la comunidad con el señalamiento del trazo del gasoducto. El campesino cuenta que a quienes no quisieron vender los amenazaron con expropiarles las tierras. “Le entró el miedo a nuestro pueblo y fue cediendo poco a poco. Zacatepec fue el último en dar sus tierras, pero sólo pudieron trabajar con policía federal y ejército vigilando metro a metro la excavación. Con todo, nosotros tres veces los corrimos, hasta que llegaron las órdenes de aprehensión para mí y para muchos otros compañeros. Eso también bajó la defensa, pero hasta hoy seguimos organizados”.

Nadie, dice Alejandro, olvida los engaños, “como cuando nos platicaron que el gasoducto es un tubo amigo y que es más peligroso tener una vela en la casa que el gasoducto en nuestras tierras. Nos reímos y rechazamos el proyecto en asamblea comunitaria, se levantaron los documentos, los sellaron las autoridades ejidales, municipales, auxiliares y representantes comunitarios y se les hizo llegar. Pero ellos, necios, lo que hicieron fue comprar a la autoridad ejidal, por debajo del agua, en su casa, de manera discreta en la noche, y le ofrecieron un proyecto de entubamiento de agua para riego y dinero para el consejo de vigilancia”.

El proyecto, en resumen, “trajo desgracia, generó división en el pueblo, inestabilidad e inseguridad, aun sin operar”.

Por Zacatepec pasan aproximadamente dos kilómetros de tubería, lo más cerca que está de una casa son 100 metros, y a 300 metros hay escuela primaria y secundaria. Al peligro de su cercanía, explica Alejandro, se suma la industrialización, pues se prevén ramales para alimentar de gas a las empresas, “lo que para nosotros significa la desaparición de nuestro pueblo originario. Con el desarrollo y urbanización salvaje, viene una central de abastos y una camionera, todo en una comunidad de 20 mil habitantes que en los próximos años se duplicarán, condenando la vida comunitaria a la desaparición”.

Para sobrevivir como cultura, los integrantes de Zacatepec del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua realizan trabajos de recuperación de usos y costumbres. Se organizan en torno a su radio comunitaria que “es una herramienta para reconstruir nuestro tejido lastimado”, al tiempo que fortalecen las asambleas y se organizan talleres de náhuatl con los niños, entre otras actividades culturales.

A pesar de las consultas oficiales, advierte Alejandro, “nosotros volveremos a convocar a una asamblea para volver a decirles que queremos que se lleven su gasoducto, que no nos hicieron caso y que no nos consultaron como pueblos originarios conforme a nuestro derecho”. Al mismo tiempo, dice, continúan agotando los recursos de amparo. “Dice Andrés Manuel que no habrá represión, pues lo vamos a probar, porque estamos en nuestro derecho”.

Las modificaciones al trazo original

La oposición de las comunidades organizadas en el FPDTA para ceder sus tierras al paso del gasoducto forzó la modificación del trazo original. Tan sólo en 2012 tuvo 33 alteraciones, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Cuenta Juan Carlos Flores, abogado del Frente, que la Comisión Federal de Electricidad empezó a conseguir el derecho de vía para el gasoducto a finales de 2010, año en el que se registró una explosión en San Martín Texmelucan por un oleoducto que mató a decenas de personas. “Fue en ese momento cuando la Comisión anunció que querían instalar un gasoducto, y obviamente los pueblos dijeron que no. Todo 2011 estuvieron buscando dónde instalar el gasoducto y se encontraban con la misma negativa, por lo que empezaron a mover el trazo”.

Pero, indica el abogado, “no se trataba de moverlo por moverlo, ni de acercar el peligro a otras zonas. De ser una línea con algunas curvas, el que quedó tiene dobleces de 90 grados y más cerca de la zona de riesgo del volcán”. En 2011, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó a la Comisión Reguladora de Energía que el trazo original del proyecto era peligroso y que debía moverlo 23 kilómetros al sur, “pero la empresa, en lugar de seguir las recomendaciones, lo que hizo fue acercar el gasoducto al volcán sin la intención de evitar riesgos, sino de conseguir el derecho de vía”.

Juan Carlos Flores señala que los pueblos que estaban más cerca del volcán tampoco estuvieron de acuerdo “y fue cuando se ocupó la fuerza pública y se impuso el miedo con la militarización de la zona”. Para el abogado, “la terquedad los hizo dar vueltas caprichosas al trazo original, que van a provocar cambios en la presión del transporte del gas. Empezaron haciendo grapas en los terrenos para atravesar el gasoducto y cumplir a tiempo con el contrato, con el fin de que las empresas pudieran empezar a cobrar por el transporte de gas natural, aunque no estuviera funcionando el gasoducto”.

Este plan, denuncia el entrevistado, “es el Fobaproa de los gasoductos, organizado por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes hicieron diferentes contratos con empresas de transporte de gas natural en los que no importaba si se estaba transportando o no, sino que cuando se cumplía la fecha del contrato ya se tenía que empezar a pagar a la empresa por ese transporte”. De tal manera que, indica, actualmente se están pagando 2 millones de dólares mensuales a Elecnor Oil & Gas y Engagas, quienes en conjunto conforman la empresa Gasoducto Morelos, aunque no estén transportando nada.

Otra de las irregularidades del gasoducto es la instalación de las válvulas que deberían estar entre tres y cinco kilómetros una de la otra, pero quedaron hasta siete o diez kilómetros de distancia, y se desconoce “cuál es el sistema que hace que se cierren, si es por presión o vía satelital”. El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) señalaba que su funcionamiento era por satélite, “pero eso tampoco es viable por la actividad volcánica que interrumpe las señales. Lo vemos en el mismo aeropuerto de Puebla: cuando el volcán tiene una actividad constante, el aeropuerto tiene que suspender sus funciones porque su comunicación no responde”.

Flores cuenta que les dijeron que “si había algún tipo de riesgo las válvulas del gasoducto se cerrarán, pero que se cierren no implica que hagan un vacío en el tubo, sino sólo que ya no se va a transportar, y lo que se queda en un cilindro de 80 centímetros de diámetro en diez kilómetros representa millones de pies cúbicos de gas natural que van a buscar salida”.